enero 9, 2015

Gobierno y fiscales acuerdan cronograma de trabajo para destrabar nudos en la persecución penal

En reunión con los cuatro fiscales regionales metropolitanos, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, inició una ronda de trabajo que busca detectar y resolver las trabas que entorpecen la labor efectiva de la justicia en el país.

En el marco de las competencias que le corresponden a la subsecretaría del Interior en la coordinación del trabajo de las policías y en el entendimiento que la labor mancomunada entre éstas y el Ministerio Público permite obtener resultados no solo policialmente satisfactorios, sino que, procesalmente exitosos, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, inició una ronda de reuniones de trabajo con los fiscales regionales de modo de establecer mecanismos que hagan que estos objetivos sean logrados y así mejore la persecución penal en el país.

La reunión de hoy de subsecretario Aleuy fue con los cuatro fiscales regionales de Santiago: Solange Huerta (Occidente); Alberto Ayala (Oriente);  Raúl Guzmán (Sur); y Centro Norte (Andrés Montes), y, también, el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, donde se pasó revista a los nudos críticos que enfrenta el sistema de persecución penal y en posibles soluciones que van desde medidas administrativas a modificaciones legales.

“Con los fiscales regionales trabajaremos en un tiempo acotado para tratar de mejorar cada uno de aquellos temas que entorpecen la persecución penal  de manera de disminuir la sensación de impunidad que la población advierte.  Entendemos que solo la colaboración de todas las instituciones, Ministerio Público, Fiscalía, y organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal o el Sename, deben trabajar unidos para resolver aquellas trabas que entorpecen la labor efectiva de la justicia”, indicó el subsecretario.

Los fiscales y el subsecretario del Interior establecieron un cronograma de trabajo en temas que paralelamente serán abordados con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Las fiscalías y el Gobierno también se abocarán a analizar el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Adolescente, a nueve años de su promulgación.